Monterrey, México a 17 de junio de 2022.
Colectivo Nosotros, Evolución Mexicana, Redes Quinto Poder y Vertebra, posicionamiento conjunto:
Ante los hechos que desde el Poder Legislativo se han venido dando en los últimos días en Nuevo León, y como organizaciones que nos preocupa y ocupa el fortalecimiento de nuestras instituciones que son pilares de la democracia en nuestro estado y en nuestro país, emitimos el siguiente posicionamiento:
El hilo de impunidad se tensó y se rompió en Nuevo León. Los grupos que venían actuando como uno solo se han disuelto; hoy, los ciudadanos nos encontramos en medio de un enfrentamiento por la disputa del control del poder, de la que sin duda no saldremos beneficiados.
Desde el Congreso local tanto el PRI y como el PAN están decididos a restarle capacidades al gobernador Samuel García, emanado de las filas de MC.
El desencuentro más reciente fue la sesión del Pleno a la que se convocó el pasado 15 de junio, una sesión extraordinaria ya que en este momento la Legislatura se encuentra en receso.
Primero:
La Constitución de Nuevo León en su artículo 66 fracción IV establece que la diputación permanente solo podrá convocar a sesión extraordinaria en los siguientes casos:
Cuando así convenga a la salud del Estado; lo exija el cumplimiento de alguna ley general y/o lo solicite el Ejecutivo.
En ese sentido, ninguna de los asuntos listados para desahogar en la sesión extraordinaria del pasado 15 de junio justifica o actualiza ninguno de estos casos, por lo que la convocatoria a la sesión está afectada de nulidad (es ilegal).
En la sesión se aprobó una iniciativa presentada por el coordinador del grupo legislativo del PAN, mediante la cual reforma el artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, con el fin de crear el Organismo Autónomo denominado «Unidad de Inteligencia Financiera», con el objetivo de obtener, generar, analizar y consolidar información financiera, fiscal, económica y patrimonial para la prevención e identificación de delitos con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También la reforma incluye que el titular del organismo será designado por el Poder Legislativo en términos de su respectiva Ley (pendiente por aprobar), y durará en su encargo siete años.
Lo que aprobaron 29 diputadas y diputados, 14 del PAN, 13 del PRI, 1 de PT y 1 de Morena, en términos simples y llanos es quitarle la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE) a la Secretaría de Finanzas y por lo tanto la facultad al Ejecutivo de nombrar a la persona titular; y al darle “autonomía”, el nombramiento se haría a través de una designación por parte del Congreso.
En Nuevo León se han hecho designaciones a modo que hasta el día de hoy mantienen inoperantes para la ciudadanía organismos para el combate a la corrupción, como el Secretariado Ejecutivo, o bien, se designaron a titulares a personas ligadas públicamente a partidos como lo son el titular de la Sala Anticorrupción o integrantes de la Comisión de Transparencia. Hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León fue cooptada, recientemente, con la llegada de una ex diputada del PAN al Instituto de Derechos Humanos, se completó la repartición, entre PRI y PAN, de la mayoría de posiciones del organismo autónomo.
Los procesos de designación fortalecen las instituciones y la democracia cuando se llevan a cabo por demócratas y siguiendo procedimientos de tal forma que se garantice que las mejores personas y las más calificadas ocupen los cargos. No ha sido el caso de Nuevo León donde todos los organismos autónomos creados o designados desde 2015 a la fecha, la designación de las personas, se ha hecho por la vía de cuotas y cuates.
Por lo anterior manifestamos:
– Es ilegal el periodo extraordinario.
– Se trata de un asalto a la división de poderes.
– La reforma que se propone invade las competencias del Poder Ejecutivo al mermar sus atribuciones, duplicando las funciones que actualmente realiza la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado de la Secretaría de Finanzas, replicándolas en una unidad administrativa de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.
– El reglamento interno de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, establece en su artículo 47 como área auxiliar del ministerio público a La Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica, cuya función principal consiste en coadyuvar en la prevención, detección y combate del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a través de la obtención, tratamiento, consolidación, análisis y administración de la información fiscal, financiera, económica y patrimonial.
– La autonomía que buscan los diputados no es tal, lo que realmente quieren es el hacerse del control de otra institución más, no solo para otorgarse un poder que constitucionalmente no les corresponde, además para tener el control presupuestal y de colocación de personal.
Hacemos un llamado a la sociedad en general a estar atentos a esta situación, ya que le permite a la ciudadanía ver y comparar cómo los grupos parlamentarios se han pervertido, pues mientras a nivel nacional vemos todos los días una “pelea en tribuna” entre la Senadora panista Lily Téllez y el Diputado petista Fernández Noroña y una lucha entre VA POR MÉXICO y MORENA, en Nuevo León PRI y PAN sumaron a una diputada del PT y una de Morena para completar los votos necesarios para la aprobación de esta iniciativa a todas luces ilegal.
Por otro lado, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al gobernador Samuel García para que él y todas las personas en su administración se abstengan de cometer actos arbitrarios como lo son la filtración a medios de información patrimonial o fiscal de personas servidoras públicas denunciadas, información que no debe ser pública, y sí nos informe a todos los ciudadanos lo que la ley y el debido proceso le permita. No debemos olvidar que quien pide respeto a la ley debe ser congruente y conducirse respetando la Ley. En Nuevo León y en todo México todas las personas son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario.
Finalmente, en un acto de congruencia, llamamos al gobernador Samuel García, a su esposa, secretarios y personas servidores públicas, a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses, que hagan una página de acceso simple para que se nos permita conocer, desde hoy, cuánto tienen y dónde lo tienen, para poder contrastar con cuánto se irán cuando dejen el gobierno.
Colectivo Nosotros, Evolución Mexicana, Redes Quinto Poder y Vertebra
